Por Juan Carlos Meade
En enero del 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca y en cuestión de semanas, firmó órdenes ejecutivas para desmantelar los programas federales de diversidad, equidad e inclusión. En Alemania, la coalición liderada por el conservador Friedrich Merz ganó las elecciones de febrero del 2025, en un Parlamento donde las posturas más duras también ampliaron su presencia. En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo desregulación total y en buena parte de Europa y América Latina, gobiernos con agendas más conservadoras en materia económica y regulatoria han ganado terreno desde 2024.
Y a la par, vimos que el titular se escribió solo, el ESG ha muerto. Bancos que abandonan alianzas climáticas, fondos que se rebautizan para borrar la palabra “sostenible”, agencias que retiran mandatos de reporte y un largo etcétera. La narrativa es simple, ordenada y sobre todo, cómoda. Pero, si nos sentamos a analizarla, también es incompleta.
Los datos de inversión, regulación internacional y exigencias de cadenas de suministro cuentan una historia distinta a la del retroceso generalizado que se ha estado promoviendo. Lo que está ocurriendo no es la muerte de los criterios ESG, es la desagregación de cada una de sus tres letras que responde hoy a un impulsor distinto y solo una de ellas, la más politizada, se mueve (muy poco) al ritmo del péndulo de las elecciones.
No hay que minimizar lo que ha pasado. El giro hacia posturas más conservadoras en buena parte del mundo occidental no es una percepción mediática exagerada, definitivamente ya es un hecho electoral documentado. Esa correlación entre gobiernos y agenda ESG es más visible en tres frentes, por ejemplo la retórica pública, los programas de diversidad corporativa y en Estados Unidos, la arquitectura regulatoria federal.
En marzo del 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) votó para dejar de defender legalmente su regla de divulgación climática y en mayo del 2026 propuso derogarla por completo argumentando que excede su autoridad estatutaria, según la propia agencia. En el frente corporativo, vimos que compañías como Target, Meta, McDonald’s, Amazon e IBM redujeron o desmantelaron programas de diversidad citando explícitamente las nuevas órdenes ejecutivas y la orientación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, de acuerdo con un recuento de HR Dive.
Es un fenómeno real. Pero también es, hasta ahora, mayoritariamente estadounidense. Y ahí empieza la parte de la historia que la narrativa del “fin del ESG” no cuenta.
¿Qué dicen los datos?
Mientras la política estadounidense se movía en una dirección, el capital se movía en otra. Según el reporte World Energy Investment 2025 de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la inversión energética global estaba prevista para alcanzar 3.3 billones de dólares en 2025, un aumento del 2% en términos reales respecto a 2024. De ese total, alrededor de 2.2 billones se destinarían a energías limpias, el doble de los 1.1 billones dirigidos a petróleo, gas natural y carbón. El propio director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, atribuyó ese crecimiento a la seguridad energética y la competitividad industrial, no a un mandato climático de los gobiernos.
En materia regulatoria internacional, la tendencia tampoco es de repliegue. El estándar contable global de sostenibilidad del ISSB (IFRS S1 y S2) ya había sido adoptado, de forma obligatoria o voluntaria, por 21 jurisdicciones para enero de 2026, según el rastreo trimestral de S&P Global. Ese mismo mes entró en vigor de manera obligatoria en Chile, Catar y México. Mientras Washington se retira del terreno regulatorio, gran parte del resto del mundo (México incluido) avanza en la dirección contraria.
Incluso en Europa, donde el llamado paquete Ómnibus generó titulares de “desregulación ESG”, lo que ocurrió en realidad fue una simplificación, no una eliminación, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron en diciembre de 2025 reducir el número de empresas obligadas a reportar bajo la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y recortar los datos exigidos, con el objetivo declarado de bajar la carga administrativa hasta 25% para grandes empresas y en un 35% para las pymes, según el análisis de la firma Normative. La obligación de reportar sostenibilidad no desapareció; se volvió más liviana y precisa y que, como lo comenté muchas veces, la lógica fue también de mantener la competitividad de la cadena de suministro. Vimos que la Directiva de Due Diligence en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que obliga a las grandes empresas europeas a vigilar riesgos sociales y ambientales en toda su cadena de proveedores, también fue simplificada en el mismo paquete, pero conservó su lógica de fondo, según el despacho White & Case, quien quiera vender a una gran empresa europea deberá seguir demostrando cómo trata a sus trabajadores y a su entorno.
Al final, lo que ocurre es que ahora ESG no es una sola agenda, aquí está el error de fondo de quienes declaran el fin del ESG, tratan tres letras con lógicas económicas completamente distintas como si fueran un solo bloque ideológico.
Lo Ambiental ya no depende principalmente de la voluntad política. Sus impulsores hoy son la competitividad industrial, la seguridad energética, el costo de la energía y la resiliencia frente a cadenas de suministro concentradas geográficamente. Ninguna empresa automotriz o manufacturera está invirtiendo en electrificación o eficiencia energética porque un gobierno se lo pida; lo hace porque el costo de no hacerlo (como la dependencia energética o exposición a precios volátiles del petróleo y del gas), tiene una desventaja frente a competidores chinos y es más alto que el de la transición misma.
Lo Social es, sin duda, el componente donde la correlación política sí es más directa pero también el más malentendido, porque suele reducirse a los programas de diversidad. Pero lo social es mucho más que DEI, incluye retención de talento, seguridad y bienestar laboral, capacitación, derechos humanos en la cadena de suministro, licencia social para operar, entre muchos otros más. Y en esas dimensiones, la evidencia económica es contundente. Por ejemplo, Gallup estima que la rotación de personal le cuesta a las empresas estadounidenses cerca de un billón de dólares al año y que reemplazar a un empleado cuesta entre 50% y 200% de su salario anual, cifra que coincide con estimaciones de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM). Según datos recopilados por SHRM, tres de cada cuatro empresas con programas formales de bienestar laboral reportan mejoras medibles en retención.
Y aquí van dos episodios reales que ilustran por qué lo social dejó de ser un tema reputacional para convertirse en uno operacional. El primero ocurrió en noviembre de 2022 en la planta de Foxconn en Zhengzhou, China (la mayor fábrica de iPhones del mundo, con más de 200,000 trabajadores), donde protestas por condiciones laborales y pagos de bonos derivaron en la salida de más de 20,000 empleados recién contratados. Bloomberg reportó que el desabasto resultante le costó a Apple cerca de seis millones de unidades del iPhone Pro y analistas de Evercore ISI, citados por CNBC, estimaron un impacto en ingresos de hasta 5,000 millones de dólares en un solo trimestre. Y el segundo es el proyecto minero Pebble, en Alaska en donde un modelo económico publicado en Resources Policy estimó que escenarios de conflicto social y oposición comunitaria podrían reducir el valor presente neto del proyecto desde aproximadamente 6,000 millones de dólares hasta cerca de 1,100 millones. Ningún gobierno cambia esa aritmética, el riesgo social sigue siendo riesgo financiero y por eso las empresas que operan fábricas, minas o infraestructura crítica no van a dejar de gestionarlo, gane quien gane una elección.
La Gobernanza, por su parte, es la letra menos afectada por el péndulo político. La gestión de riesgos, la transparencia y el cumplimiento normativo siguen siendo condiciones de acceso a financiamiento y a mercados de capital independientemente de la ideología del gobierno en turno.
Entonces ¿Cuál es el verdadero motor?
La comparación más reveladora no es entre gobiernos con agendas más liberales y más conservadoras. Es entre dos tipos de impulsores. Primero, los políticos con la regulación, incentivos públicos, discurso oficial, etc. y segundo los empresariales, como los clientes, inversionistas institucionales, bancos, aseguradoras y, sobre todo, las cadenas globales de valor. Las aseguradoras ya incorporan riesgo climático en sus primas independientemente de lo que diga cualquier gobierno; los bancos siguen exigiendo información de sostenibilidad para evaluar riesgo crediticio y las grandes empresas tractoras (automotrices, retailers globales y manufactura industrial) continúan trasladando exigencias de sostenibilidad a miles de proveedores, no por mandato regulatorio sino porque sus propios clientes finales e inversionistas se lo exigen a ellas. Un gobierno puede cambiar una ley en un ciclo electoral, pero no puede ordenarle a una cadena de suministro global que deje de pedir trazabilidad, huella de carbono o condiciones laborales verificables a sus proveedores.
Así que el ESG no está ganando ni está perdiendo. Está madurando. La política seguirá teniendo influencia pero ya no determina por sí sola la dirección de la agenda. El futuro del ESG dependerá menos de quién gane las próximas elecciones y más de quién termine definiendo las reglas de las cadenas globales de valor.
Juan Carlos Meade es Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona y la Universidade Católica Portuguesa en Oporto, Portugal y cuenta con un Máster en Análisis Político y Asesoría Institucional por la Universitat de Barcelona. Ha desarrollado una trayectoria en gobierno estatal y federal en temas de inversión extranjera, desarrollo económico, política pública y sostenibilidad ocupando cargos estratégicos en instituciones como ProMéxico, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la Secretaría de Economía de Nuevo León. Desde estas posiciones, impulsó la atracción de inversión, la promoción del sector privado y el fortalecimiento de cadenas productivas en sectores estratégicos. Más recientemente, se desempeñó como Director de Alianzas Estratégicas en la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, donde promovió alianzas público-privada para impulsar proyectos de sostenibilidad social e impacto público. Además, es profesor en el Tecnológico de Monterrey en temas de política pública e impacto social.
